Ley de Glaciares: cerca de 900.000 adhesiones reclaman protección y la Justicia lleva cinco meses sin resolver las medidas urgentes
El Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric, se declaró competente recién el 8 de octubre. Organizaciones ambientalistas cuestionan la demora en el tratamiento de las cautelares contra la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, mientras avanza el proyecto minero Vicuña, en San Juan.
La disputa judicial por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo. A más de cinco meses de presentada una demanda colectiva respaldada por cerca de 900.000 adhesiones, la Justicia Federal aún no resolvió las medidas cautelares solicitadas para suspender los efectos de la Ley 27.804, que modificó el régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
El 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, se declaró competente para intervenir en el expediente. Para las organizaciones demandantes, aunque la decisión representa un avance procesal, sigue pendiente el pedido central: evitar posibles daños ambientales irreversibles mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma.
Una demanda colectiva
El 5 de mayo de 2026, Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asociación Alihuen, junto con asambleas territoriales y organizaciones de distintas provincias, presentaron una acción judicial contra la reforma.
Las entidades sostienen que los cambios introducidos por la Ley 27.804 debilitan la protección establecida por la Ley 26.639 y podrían permitir que determinadas formaciones glaciares o periglaciares queden fuera del régimen especial de tutela ambiental. La reforma, sancionada el 8 de abril y publicada el 24 de abril, otorga a las autoridades jurisdiccionales mayores facultades para determinar, mediante estudios técnico-científicos, qué formaciones cumplen funciones hídricas protegidas.
Para las organizaciones, ese cambio constituye una regresión ambiental incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con los principios de prevención y precaución.
El proyecto Vicuña y el glaciar GE110
El conflicto también se centra en San Juan. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las organizaciones, dentro de la zona de intervención del proyecto se encuentra el glaciar GE110, incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.
El 23 de junio, las entidades solicitaron que la Justicia impidiera cautelarmente que esa formación fuera retirada del Inventario mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma. Ese pedido todavía no fue resuelto.
Las organizaciones advierten que un cambio en la situación jurídica del glaciar podría afectar las restricciones ambientales aplicables a las actividades extractivas en la zona. La inclusión del proyecto en el RIGI no demuestra por sí misma que se haya producido un daño: el planteo judicial busca prevenir posibles afectaciones.
Reclamos por la demora
Las entidades también cuestionaron las observaciones procesales formuladas en la resolución del 8 de octubre sobre presentaciones de personas y agrupaciones que acompañan la acción colectiva. Entre ellas están Marta Maffei, impulsora de la Ley de Glaciares original, y referentes de la Asamblea de Jáchal. Según las organizaciones, esas observaciones podrían limitar la participación de actores vinculados con la defensa de los glaciares y de las comunidades afectadas.
Además, indicaron que ya presentaron dos pedidos de pronto despacho para obtener una respuesta a las cautelares. Estas medidas no buscan resolver definitivamente la constitucionalidad de la ley, sino prevenir daños de difícil o imposible reparación mientras continúa el proceso.
La protección del agua
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 estableció presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, reconocidos como reservas estratégicas de agua dulce. También fijó restricciones a actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales que puedan afectarlos.
Mientras el Gobierno nacional y quienes respaldan la reforma sostienen que debe compatibilizarse la protección ambiental con las competencias provinciales y el desarrollo productivo, las organizaciones advierten que el nuevo régimen podría facilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
Según la información difundida por las entidades el 8 de octubre, la Ley 27.804 continúa vigente y las cautelares siguen pendientes. El caso plantea, además del alcance de la protección de los glaciares, si la Justicia actuará a tiempo para evitar los daños que las medidas buscan prevenir.
Asociación ALIHUEN
