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Rio Atuel: Caudal fluvio ecológico y usos equitativos de sus aguas Imprimir E-Mail

Campaña “Justicia por el Atuel”

¿Que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2007?

La Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuen respaldados por la CPE, hemos peticionado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2007 que se convoque a la Provincia de La Pampa, a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional a efectos de establecer las acciones concretas que deberán adoptarse con el fin de hacer cesar de forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la Provincia de La Pampa debido a la omisión de ambas provincias de celebrar los respectivos convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos de las aguas del Río Atuel (tal como lo estableció el punto 3 de la sentencia dictada por la mayoría del Máximo Tribunal en la causa de referencia y dentro de la esfera iusfundamental del artículo 41 de la Constitución argentina y de la 25.675), como así también, garantizar el caudal fluvio ecológico mínimo en el curso inferior del Río Atuel hasta tanto se concreten las medidas que resuelva el Alto Tribunal.

Los antecedentes de la causa.

    1 En la causa “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos” , la sentencia dictada el día 3 de diciembre de 1987 por la Corte Suprema de Justicia, se integró por una mayoría compuesta por Caballero, Belluscio, Petracchi y Baqué y una minoría compuesta por Fayt.
   
    2 La mayoría declaró que el Río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado entre el Estado nacional y la Provincia de Mendoza el 17 de junio de 1941 no tenía ninguna clase de efecto vinculatorio para la Provincia de La Pampa (punto 1) y exhortó a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de la sentencia, o sea, que se respetaran los usos consuntivos de la Provincia de Mendoza sin exceder los límites de 75.671 has. (punto 3).
    Entre sus fundamentos se destaca: a) que la utilización del curso de agua interprovincial debe ser razonable y equitativa y b) que en cuanto a los usos futuros, las partes deberán negociar de buena fe y con espíritu de buena vecindad, con miras a lograr un acuerdo que regule su participación razonable y equitativa.

    3 La minoría resolvió:
* Que la cuenca hidrográfica del Atuel -que se extiende por territorio de las provincias de Mendoza y La Pampa- tiene carácter interprovincial (con lo cual en este punto existió unanimidad por parte de la Corte Suprema de Justicia).
* Que la Provincia de Mendoza debía realizar las obras necesarias para mejorar la eficiencia de su red de riego entre Valle Grande y Carmensa y permitirá a su terminación el paso de 100 hm3 anuales hacia territorio de la Provincia de La Pampa, en condiciones meteorológicas normales.
Las obras debían realizarse en los siguientes plazos y condiciones:
_ Disponer que en un plazo razonable, la Provincia de Mendoza mejore la eficiencia de su red de riego entre Valle Grande y Carmensa, superando el grado de obsolescencia que padece y elevando el de su eficiencia global de 0,30 a 0,50. La realización de estas obras es responsabilidad de la Provincia de Mendoza, excepto aquellas que sólo tienen sentido con miras al aprovechamiento de un caudal hídrico por la Provincia de La Pampa. Estas obras son: parcialmente en una quinta parte el canal unificador previsto en el proyecto de Franklin Geomines, y totalmente la conducción entre Carmensa y Santa Isabel.
_ En cumplimiento de lo anterior deberá generarse un aumento del volumen hídrico del que la Provincia de Mendoza permitirá el paso, en condiciones climáticas regulares, a la Provincia de La Pampa de 100 hm3 anuales.
_ El plazo para la realización de las obras y el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior será de 5 años, a partir de la fecha en que la Provincia de La Pampa manifieste su conformidad para efectuar los pagos que le corresponden.
_ La administración de tales obras se hará por la Provincia de Mendoza en las obras a realizarse en su territorio con control de la de La Pampa en cuanto a su costo y al destino de los aportes que esta última efectúe, y por la de La Pampa en los a realizarse en el territorio de ella.
_ Los emprendimientos futuros que acuerden realizar los estados provinciales ribereños se costearán por ambos en la proporción en que ellos aprovechen los intereses de cada uno.
*Instaba a las partes a crear un ente administrativo común a los efectos del mejor cumplimiento de lo resuelto y para encarar las obras que en el futuro sean de interés.

    4 Con carácter posterior al dictado de la sentencia, el 7 de noviembre de 1989, los Gobernadores de ambas provincias suscribieron el Protocolo de Entendimiento Interprovincial mediante el cual se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior con el objeto de: a) ejecutar acciones destinadas a lograr en el Río Atuel una oferta hídrica más abundante que permita la creación de nuevas áreas bajo riego y b) concretar en lo inmediato acciones tendientes al restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Atuel con el objeto de satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones ubicadas en el área. Esto implicó un claro y expreso reconocimiento de la Provincia de Mendoza de la existencia de un daño ambiental respecto del caudal fluvio ecológico del Atuel inferior en el territorio pampeano que debía ser recompuesto.
    En el año 1992, se celebró un convenio entre ambas provincias, que en términos generales, estableció que la Provincia de Mendoza se comprometía a entregar el caudal necesario de agua potable para satisfacer la demanda de uso humano de Santa Isabel y Algarrobo del Águila hasta un máximo de 6.000 habitantes. Como se puede observar un nuevo reconocimiento expreso de la Provincia de Mendoza. 
    Los objetivos comprometidos nunca fueron efectivamente cumplidos. La última reunión del Consejo de Gobierno de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior se celebró  el día 7 de julio de 1994 y la última reunión del Comité Ejecutivo se efectuó el día 1 de abril de 1996. A partir de dicho momento, todas las solicitudes de la Provincia de La Pampa para la concreción de reuniones de trabajo, fueron sistemáticamente ignoradas por la Provincia de Mendoza.

    5 Habiendo transcurrido veinte años del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ambas provincias no han celebrado ninguna clase de convenio interjurisdiccional -que en cumplimiento de lo dispuesto en la decisión jurisdiccional- garantice con efectividad  un caudal fluvio ecológico que posibilite el desarrollo de la flora y fauna autóctona, de la vida en comunidad y de un sistema productivo. Y esto se agrava, cuando la misma Provincia de Mendoza ha reconocido expresamente, que utiliza el agua del Atuel para regar aproximadamente 60.000 hectáreas de las 75.671 reconocidas por el fallo, por cuanto almacena en los embalses del Sistema Nihuiles una gran cantidad de agua que le permite producir energía eléctrica en los horarios pico de invierno sin aplicarla a usos consuntivos predeterminados. 
    La variable constante en todos estos años, ha sido por voluntad exclusiva y absoluta de la Provincia de Mendoza, la ausencia total de un mínimo caudal de agua, lo cual derivó en la conversión del cauce del Atuel inferior en una suerte de callejón de tierra. En contrapunto, también se verificaron ocasionales sueltas abundantes de agua -sin previo aviso- que generaron inundaciones no programadas.
Claramente dicha situación, no se condice con la naturaleza interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso equitativo y razonable del agua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.

A esto se suma que la reforma constitucional de 1994 y la ley general del ambiente, han generado un cambio de paradigma dentro de la estructura  del Estado constitucional de derecho, al consagrar como derecho fundamental a los derechos de incidencia colectiva en general y al instituir expresamente al derecho al ambiente en dicha categoría. Por ende, en el campo de los condicionamientos fácticos presentes es necesaria una resignificación normativa de los contenidos estructurales delimitados por la Corte Suprema de Justicia en la causa  “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos”.

 
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