UN DERECHO HUMANO CADA VEZ MÁS VULNERADO

Un informe de Transparency International identifica en 30 países la existencia de sobornos en la distribución del agua, el saqueo de fondos, el encubrimiento de la polución en ríos y la manipulación de controles. En materia de abastecimiento de agua, Argentina está por debajo de la región. 
 
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 25 de junio de 2008). Más de un billón de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable en el mundo, y más de dos billones no tienen servicios sanitarios adecuados. Se trata de algunos datos que grafican la crisis mundial que atraviesa esta problemática, donde la corrupción se cuela en detrimento de la vida de los ciudadanos en el mundo.
 
En efecto, la corrupción existente en el uso del agua es una de las principales causas que afecta a este recurso, que no sólo amenaza a billones de vidas, sino que además exacerba la degradación ambiental, según informó Transparency International (TI) en su informe “Corrupción Global 2008: La Corrupción en el Sector del Agua”, que fue dado a conocer en Argentina por Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI. 

El Informe Global de la Corrupción (IGC), publicación que elabora anualmente TI, presenta un análisis en profundidad de un tema clave de corrupción. Este año, el IGC centra su atención en la corrupción en el sector agua: explora el impacto y el alcance de la corrupción alrededor de este recurso esencial, e identifica una gama de problemáticas que van desde los sobornos en la distribución del agua, hasta el saqueo de los fondos destinados a su irrigación y a su utilización como fuente de energía eléctrica; desde encubrimiento de la polución industrial en ríos, hasta la manipulación de las inspecciones.

“El impacto de la corrupción en el agua es un problema fundamental de la gobernabilidad, pero todavía no ha sido afrontado suficientemente en las numerosas iniciativas globales para el desarrollo sostenible y la seguridad del alimento y energía”, señaló Huguette Labelle, presidenta de TI.

En su sección por países, el informe recopila documentaciones sobre tendencias de corrupción y reformas institucionales en más de 30 países pertenecientes a todas las regiones del mundo, entre ellos, la Argentina. Uno de los documentos respecto del país al que se refiere TI es un informe del Banco Mundial de 2006, que ubica a la Argentina por debajo de la región y del mundo en materia de abastecimiento de agua.

En efecto, un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) el año pasado, detectó que, en Argentina, más de 8 millones de habitantes (es decir, el 23% de la población) no tienen red de agua potable, mientras que más de 21 millones (el 57,5%) no cuentan con desagües cloacales. Pero además, las provincias más empobrecidas y con mayor mortalidad son las menos beneficiadas a la hora de invertir para extender la provisión de estos servicios.
El informe de TI también hace hincapié en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que indica que, desde julio de 2004, la empresa responsable de proveer el servicio de agua en el país no mantenía la calidad adecuada de agua y no realizó inversiones significativas a pesar de la obligación estipulada en el contrato.

Este reporte también destacó lo ineficaz que fueron las penalidades impuestas a la compañía. Así, por ejemplo, ante la falta de cumplimiento de la empresa de invertir 2,5 millones de dólares en un plan de tratamiento en el sudeste del país --un compromiso asumido en 2001--, la multa que se le impuso fue sólo de 8.740 dólares, menos del 1% de la inversión programada.

Además, se detectó que durante los seis años del contrato de la compañía, los niveles del nitrato y cromo en la red del agua fueron excesivos, mientras que durante cuatro años consecutivos, varios estudios detectaron un aumento en el número de los pozos de agua que contenían el arsénico. En 2003, la compañía transportaba al Río de la Plata el agua residual o contaminada, producto de la utilización de 5,7 millones de habitantes, y sólo trababa el 12% de los residuos de esa agua.

Para Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, “la corrupción en el sector agua es otro ejemplo de que la corrupción afecta más a los que menos tienen”. Y opinó que en el caso de los servicios básicos, y en particular del acceso al agua, la insatisfacción de los derechos es aún más grave, ya que se trata de un elemento vital”.

La corrupción, eje de la contaminación del Riachuelo

La Cuenca Matanza – Riachuelo, que recorre 14 municipios bonaerenses y parte de la Ciudad de Buenos Aires, contiene el curso de agua más contaminado del país y es, por caso, el ejemplo más claro sobre la incidencia de la corrupción en la crisis del agua en la Argentina.

Sucede que su contaminación es producto de la falta de aplicación de las normativas existentes, que se ven reflejadas en la cantidad de industrias no autorizadas que vierten sus desechos sobre el río, mientras que las industrias autorizadas no respetaron la capacidad receptora que tiene la cuenca, una problemática que sólo puede suceder por la falta de controles de las autoridades, según explican desde el Espacio Matanza Riachuelo, un espacio integrado por ONG que busca articular la participación y el control ciudadano en su saneamiento.

Un claro ejemplo de corrupción respecto de su saneamiento fue la falta de utilización de los recursos destinados para tal fin durante la gestión de la ex secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alzogaray. En efecto, en 1993, la funcionaria anunció que en el transcurso de 1000 días se iba a sanear la cuenca. Para ello, creó el Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y un Comité Ejecutor. Entre 1996 y el 2000, el Comité manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi 22 fueron a parar el rubro "servicios técnicos y profesionales", es decir, a consultoras que hicieron estudios sobre el origen de la contaminación. 

Más tarde, un informe de la AGN sobre la ejecución de la partida presupuestaria asignada (proveniente de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo), detectaría numerosas subejecuciones en los controles posteriores.   

Actualmente, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia una causa por daños y perjuicios originados por la contaminación del Riachuelo. Se trata de una demanda iniciada por un grupo de ciudadanos contra el Estado Nacional, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y 44 empresas.

“Es un caso de insatisfacción de derechos a causa de políticas públicas desacertadas, mal ejecutadas o inexistentes en materia de derecho al agua. Quienes demandan han solicitado a la Corte Suprema el restablecimiento de sus derechos y ésta, luego de analizar la información pública requerida, ha ordenado al Estado la presentación de un plan de saneamiento con determinadas condiciones que surgen de estándares internacionales”, explica Varina Suleiman, coordinadora de Justicia de Poder Ciudadano, y miembro de Espacio Matanza Riachuelo.

Por la índole de los reclamos y la envergadura de las obras públicas que habrá que realizar para satisfacer los derechos conculcados, la causa está destinada a tener un largo trámite. Por ello, Suleiman destaca la importancia de “que se vayan dictando medidas cautelares que eviten a las víctimas el empeoramiento de la situación durante el transcurso del proceso, y también que se propenda a la transparencia y control ciudadano de la ejecución de las obras”.

Para mayor información, comunicarse con Laura Alonso, Directora ejecutiva de Poder Ciudadano, al 4331 4925 int. 224 o al 15 5114 7200, o con Varina Suleiman, Directora de Justicia, al 4331 4925 int. 221 o al 15 5120 7655.