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Casas de Justicia en General Pico, La Pampa Imprimir E-Mail

Fecha de entrega 08/05/08

MAESTRIA EN SOCIOLOGÍA JURIDICA 1º CUATRIMESTRE 2007
TRABAJO FINAL
Profesor: Dr. Bisso
Alumna: Daniela Zaikoski Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

La experiencia de Casas de Justicia en General Pico (La Pampa).

Mediante el presente trabajo  se intenta describir el funcionamiento y relatar la experiencia que constituyó la puesta en marcha del Programa Casas de Justicia en General Pico, la segunda ciudad más importante en cantidad de población-alrededor de los 60.000 habitantes- en la provincia de La Pampa .

Casas de Justicia es una iniciativa del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de La Nación y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos que comenzó a desarrollarse en dicha ciudad desde mediados del 2003.
Diversos actores se hallan comprometidos con el desenvolvimiento del programa, además del Ministerio citado: CIPPEC y Alihuèn.
Cuenta con la financiación de fondos de origen público y la coordinación en un primer momento estuvo a cargo de la Asociación Civil Alihuén .
Para realizar este trabajo se consultaron fuentes informáticas sobre Casas de Justicia y las organizaciones que las gestionan, y se realizaron dos entrevistas a informantes clave.

De cómo surgió y se puso en marcha el progama:

Corresponde preguntarse por que se eligió a la ciudad de General  Pico como sede del programa.
Consultados los informantes, ambos explican que los vínculos informales fueron decisivos para que la ciudad contara con el programa.
Uno de ello dice saber de un funcionario nativo de Gral Pico que trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación y que debido a que la sra. Martha Oyhanarte había realizado una investigación sobre ciudadanía y política en el marco de programas de reforma del estado en la ciudad, dicho vínculo se mantuvo y fue esa persona la que “gestionó u orientó” a los responsables del área correspondiente a que se escogiera a Gral Pico. Como sede del proyecto.
Una vez efectuada la elección, la consultora (CIPPEC) que gestionaba el proyecto por ante el Ministerio de Justicia y con el financiamiento de organismos multilaterales de crédito, debía contar con la gestión local de una organización de la sociedad civil que no tuviera vínculos con el estado municipal para comenzar con el programa, ya que una vez puesto en marcha, aproximadamente al año todo se traspasaba al municipio. Se trataba de una prueba piloto.
La idea de unos de los informantes es que Alihuén si bien no tenía vínculos con el estado municipal (en aquel entonces correspondiente al Partido Justicialista) si los tenía por la extracción política de algunos de sus miembros con el gobierno nacional (por  aquella época en manos del radicalismo).
Esta opinión no pudo ser corroborada, ya que el otro informante plantea el inicio de las gestiones por el proyecto Casas de Justicia en la época en que Beliz era ministro de Justicia y Derechos Humanos, es decir cuando Duhalde era presidente.  A su vez reconoce que los créditos internacionales “venían de la “época de Menem” y que si no se los utilizaba “se caían”.
Con todo, uno de los consultados dice que a él no lo eligieron justamente por su extracción partidaria y que en ese sentido todo se realizó en el marco de mucha tolerancia y respeto. De lo que se trató fue de contratar agentes (administrativos y profesionales) que pudieran comprometerse con la problemática social que implica atender gente con problemas de acceso a la justicia.  
A su vez la Asociación Alihuén ya tenía cierta experiencia en gestionar programas internacionales en la provincia.
El otro informante manifiesta que si bien el intendente de Pico pensó -cuando le avisaron que el programa iba a estar en  esa ciudad- , que él iba a poder “poner a la gente” aunque eso no fue así, siempre cumplió con lo que correspondía de parte del municipio. Mas abajo se desarrollará este aspecto. 
Es decir en voz de los consultados, la vía era: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Consultora (CIPPEC), organización no gubernamenal (Alihuén) con financiamiento internacional y en una segunda etapa el programa quedaría a cargo del Municipio con financiamiento local, que se concretó aproximadamente para el año 2006.
La idea era  co-gestionar el proyecto con una ONGs para que sirviera de “lugar neutral”, ya que según manifestaron los informantes la gente tiene cierta “cuestión con la ir a la justicia” (como organización: tribunales, abogados, rituales).
Por otro lado tampoco se quería identificar el programa con la municipalidad que es una instancia que la gente considera de carácter político.
Cabe mencionar que General Pico es la ciudad cabecera de la II Circunscripción Judicial de la provincia, por lo que cuenta con dependencias del poder judicial en todos los fueros, defensorías públicas, fiscalías y representantes del Ministerio Pupilar. Asimismo cuenta con una delegación del Colegio de Abogados  en donde funciona un Centro de Mediación.
Se destaca que previo a decidir la implementación del programa se realizaron estudios sobre necesidades jurídicas insatisfechas en una muestra de la población, lo que según los resultados obtenidos determinó a las autoridades  promotoras de la iniciativa a establecer el programa en General Pico. 
Es dable señalar que el mismo programa fue implementado en otras ciudades del interior del país  y actualmente quedan dos Casas de Justicia en funcionamiento.

Descripción del Programa: Objetivos y funciones.

Según la información colectada el objetivo general de la iniciativa es “mejorar las condiciones de vida de los grupos social y económicamente desfavorecidos a través de un mayor y mejor acceso a la justicia y al sistema legal argentino”.
En General Pico la Casa tiene la finalidad de brindar a la comunidad el servicio gratuito de asesoramiento jurídico, atención social y mediación , siendo esas áreas donde se focaliza la atención de los usuarios, ya que en definitiva tiene el propósito de diseñar e implementar una política efectiva orientada a facilitar y mejorar el acceso a la justicia por parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
 Las funciones de Casa de Justicia son: brindar servicios gratuitos de asesoramiento, mediación, trabajo social y otras actividades vinculadas al acceso a la justicia, que se articulan con distintos recursos de la sociedad civil.
La Casa de General Pico está organizada mediante la distribución de tareas de la siguiente forma:
1) Servicio de Orientación
2) Servicio de Asistencia Jurídica 
3) Servicio de Mediación
4) administración
Los profesionales contratados por el programa han provenido de las siguientes disciplinas: abogacía, trabajo social y sicología, mientras que el personal administrativo fue elegido entre alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLPam que estuvieran estudiando la carrera de abogacía, a modo de pasantía.
Los informantes expresan que se realizaron capacitaciones previas al lanzamiento del programa y que se mantuvieron a través del tiempo en que ellos estuvieron vinculados.
 Los profesionales y administrativos se tuvieron que contratar rápidamente y la coordinación decidió quiénes iban a formar parte del staff.
En cuanto a las tareas desarrolladas, la atención social está a cargo de un trabajador social y se propone modificar y mejorar las circunstancias que impiden a la persona su desarrollo integral por alguna necesidad o situación de indefensión física, síquica o social.
El servicio de asistencia jurídica se concentra en la atención y asesoramiento brindado por abogados en donde se siguen acciones concretas, según las características del caso, aunque no se hace patrocinio jurídico en causas judiciales ni extrajudiciales. Se destaca que en la Casa no se realiza patrocinio jurídico en caso de iniciar acciones ante los Tribunales.
El servicio de Mediación orienta la tarea  de forma de componer -como tercero ajeno- el conflicto que mantienen las partes de manera que la solución a que se arribe resulte satisfactoria para todos los implicados. Sería una manera,expresan los informantes, de que la gente se reapropie del problema y vea la mejor manera de solucionarlo, ya que no todas las soluciones son jurídias.

Areas del derecho abordadas en el programa y perfil del usuario.
En la publicación con que cuenta el programa se enumeran los principales temas en el sentido de áreas del derecho cuya atención y asesoramiento se brinda mediante los servicios previstos:
1) Trámites e información pública: se prevén consultas sobre documentación ante autoridades nacionales, provinciales o municipales para lograr por ejemplo la obtención de DNI, radicaciones, certificados , obtención de otros beneficios sociales etc
2) Barriales: casos en que se presenten inconvenientes con el uso de los espacios públicos, inundaciones, contaminación ambiental, acceso  a la tierra, acceso a la vivienda, problemas derivados de la vecindad.
3)  Derechos del usuario y consumidor.: problemas por deficiente facturación, falta de acceso a servicios básicos (agua corriente, luz, salud etc), problemas con servicios bancarios, obras sociales prepagas .
4) Discriminación: problemas por discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, etnia, posición socio-económica.
5) Educación. Apoyo para la reinserción escolar en casos de deserción, problemas de inscripción en escuelas,  situaciones de violencia escolar.
6) Familia: incluye servicios en casos de violencia familiar, abuso sexual, divorcios y separaciones, alimentos impagos, sucesiones, internaciones de insanos etc
7)  Trabajo. Acceso a las prestaciones sociales derivados del trabajo, asignaciones, jubilaciones seguros etc, registración laboral, accidentes de trabajo.
En lo que hace al perfil del usuario del servicio de orientación que brindaba la Casas, los informantes manifiestan que eran humildes, de sectores pobres y muy vulnerables de la población. Igualmente hubiera sido muy interesante contar con datos estadísticos respecto a las consultas realizadas y a la característica de la población atendida, en cuanto a indicadores objetivados en nivel de educación, ingreso, propiedad, sexo, edad, nacionalidad etc.  

En el caso de Casa de Justicia de Tafí Viejo se pudo consultar por internet  los informes mensuales correspondientes a algunos períodos del año 2005, buscando por el mismo medio, no pudo hallarse una registración detallada de las actividades de la Casa de General Pico, su avance de gestión ni estadísticas, ni tampoco pudo obtenerse esos datos de parte de los informantes, ya que uno de ellos hacía poco tiempo estaba desligado de las actividades, y en el otro caso, al pasar Casa de Justicia a la municipalidad, había dejado de ser el coordinador.
De todos modos ambos plantearon lo mismo: había cierta obsesión de parte de los técnicos que venían a hacer los controles de gestión (personal o agentes de la consultora) por lo que había mucha preocupación por tener datos, no importaba, o por lo menos así lo relatan los informantes, una real visión de la característica social del  trabajo que Casa de Justicia hacía en al comunidad.
Uno de los informantes comentó que a él no es que no le importaran las estadísticas, en realidad cuando trabajaba con la gente importan o se vuelven más relevantes otras cosas.
Decía que no se podía estar en una entrevista con la gente y estar rellenando los datos en el “Lectus” (programa o base de datos provisto para la estadística). Igualmente menciona que Lectus era útil y que cuando ellos veían algo que podían mejorar lo ponían en conocimiento de los técnicos que venían de Buenos Aires.
Con lo expuesto los consultados no tienen una buena opinión de las estadísticas, dicen que le “daban chapa a los del CIPPEC” y que en realidad  no siempre muestran lo que pasa con al gente.

El programa y su relación con la comunidad
 Sobre este punto distinguiremos los aspectos relacionados con:
1).- la gente,
2).- los colegios profesionales,
3).- los medios de comunicación
4).- con las instituciones de la comunidad
y por otro lado las relaciones que se establecen al interior del grupo que realiza la tarea.
 Los informantes han dado una conclusión general y abarcativa de todos los puntos anteriores, sin embargo resaltan:
1).-la característica de la gente que consultaba en Casas de Justicia: si bien el programa no particularizaba en cuanto al acceso a su servicio, los informantes manifiestan que las personas que recurrían a la oficina eran de condición humilde. A veces, según relata uno de los consultados, ni siquiera sabían los derechos más básicos (y menciona por ejemplo que una señora ni sabía que le podía pedir alimentos al padre de sus hijos), o derechos relacionados con el trabajo, o los servicios exigibles al estado. Resaltan como muy común la consulta por la problemática  que surge de  la vecindad y de la violencia.
2).-Los informantes dicen que en ningún momento hubo un cierre corporativo o un  reclamo de que se realizaba tarea por fuera de las incumbencias o en competencia desleal hacia los profesionales de las distintas ramas que participaban en el proyecto. Destacan que esto se debió a las reducidas competencias atribuidas al programa (por ejemplo ellos no podían patrocinar y entonces hacían las derivaciones correspondientes).
3).- En lo que hace a la publicidad del programa, debieron acudir a todo tipo de estrategias para ponerlo en conocimiento de la comunidad y para instalarlo entre la gente. Si bien la organización no gubernamental CIPPEC que supervisaba la Casa dio algunas pautas de cómo hacer conocer el programa, uno de los  informantes dice que algunas pudieron hacerse mientras otras eran ocurrencias de ellos. Ambos manifiestan que tuvieron mucho apoyo de los medios, sobre todo radiales de la ciudad. Ambos coinciden en que hay que saber llegar a la gente. Relatan que fueron a los diarios, a la televisión y se dirigieron a las instituciones del medio. Solían dar entrevistas, pero que hubo un hecho relevante: había en Pico una radio que pasaba “pachanga” y “cumbia” y que cuyo locutor se “enganchó” con el proyecto. Por el mismo dinero que en otra radio pasaban un aviso, en ésta pasaban muchos más. El  propio locutor le hacía propaganda a la Casa. En este sentido lo que ocurrió según lo que los consultados cuentan, fue divertido; pero a la vez les resultó sintomático: asociaron el tipo de música (como manifestación cultural de un determinado grupo social) con la necesidad de acceso al servicio que prestaba la Casa, es decir cómo un medio puede llegar a un determinado sector de la población.
4).-La relación que se estableció con las instituciones de la comunidad piquense estuvo orientada a generar y en su caso fortalecer vínculos y poner en la agenda el tema del acceso a la justicia. La principal institución con que estuvieron relacionados fue la municipalidad local: Según el acuerdo firmado, esta proveía el espacio físico (alquilaba la casa donde funcionaba el programa, abonaba los servicios etc.) Coinciden que dado que el intendente  no pudo “poner su gente” y si bien cumplió y respetó las pautas del acuerdo no “mandaba gente”. Con esto quieren decir que, pudiendo derivar casos de asistencia social del municipio a la Casa para promocionar el acceso a la justicia como modo de concretar un derecho humano básico y fortalecer la ciudadanía, no lo hacía. Reconocen que tampoco desde el municipio se “boicoteó” al programa y resaltan a una funcionaria que los apoyó activamente  y derivó casos. Manifiestan que a pesar del importante lugar que  le correspondía al municipio, nunca desde allí les pidieron “hacer política”. Ahora que Casas está en un edificio de la municipalidad “pareciera que esta todo más mezclado” ya que funciona en una dependencia de la Dirección de Desarrollo Social.
Otra de las instituciones con que contaban eran las dependencias del poder judicial, fundamentalmente las Defensorías Oficiales a las que derivaban los casos luego de la consulta, ya que no realizaban patrocinio jurídico.
También y en caso de conflictos referidos al trabajo, la ciudad de Pico cuenta con una dependencia del Poder Ejecutivo de la provincia que es la Dirección de Relaciones Laborales a la que Casas derivaba los conflictos.
El programa como parte de un proyecto más abarcativo, no interpuso demandas en carácter de legitimado activo para promocionar o hacer reconocer a grupos desfavorecidos el acceso a la justicia en su faz de derecho colectivo o social. Los casos eran derivados en su carácter de casos individuales o particulares, no con una perspectiva de problema social que luego se judicializa, teniendo en este caso una perspectiva clásica del conflicto.
Otras derivaciones se realizaron al Programa Guadalupe (para adictos), a Defensa del consumidor, al Colegio de Abogados, al hospital local.
 
Relaciones al interior del grupo de trabajo:
El otro aspecto relevante de las entrevistas consistió en poder identificar las relaciones entre los implicados en la gestión y funcionamiento de Casas de Justicia.
 Ambos informantes -quienes cumplieron funciones muy diversas-  coinciden en manifestar que la experiencia fue en lo personal y creen que también  en lo grupal, muy interesante y enriquecedora.
Rescatan que eran todos adultos, que se hablaba y se “decía todo”, se hacían las tareas con mucho compromiso y empeño aunque la cuestión económica no fuera atractiva. Respecto al tema económico hubo profesionales que se capacitaron en los cursos del CIPPEC y que luego cuando se enteraron de los sueldos desistieron de participar en el proyecto. Sin embargo muchos de los profesionales que trabajaron lo hicieron por mucho tiempo.
Uno de los informantes manifiesta que sólo un profesional se alejó del proyecto por desavenencias con el coordinador, pero que en general las relaciones fueron muy buenas entre el grupo humano que trabajaba en la Casa.
Expresa que tenían ciertas rutinas de trabajo: coordinaban las tareas, hacían cumplir horarios para las entrevistas, rotaban en los trabajos, regulaban la cantidad y especialización de los profesionales que entrevistaban a los usuarios etc. Asimismo recibían orientación en este aspecto por parte del CIPPEC.
Rescatan el reconocimiento que les hace la gente en la calle, cuando los saludan, cuando los recomiendan etc. Hay múltiples manifestaciones de afecto que una localidad pequeña se traducen en conductas de aprobación y respeto hacia aquellos que participaron del proyecto, lo que aparece como instancia de legitimación. Manifiestan la satisfacción personal de haber realizado tareas vinculadas al voluntariado, de carácter eminentemente social.

Apreciaciones finales.

Con el presente trabajo se quiso relevar e introducir en el tema de cómo los organismos del estado y los de la sociedad civil acuerdan en poner en marcha políticas públicas, en el caso, vinculadas a promocionar y fortalecer el acceso a la justicia como derecho humano básico vehiculizador de los demás derechos.
Se entrevé la necesidad de articular la acción de  múltiples operadores, cuyos objetivos suelen ser muy disímiles y a veces  tendientes a acrecentar prestigio u obtener poder.
El trabajo no contiene elementos teóricos de relevancia, sino que está destinado a resaltar la experiencia, las prácticas y la retroalimentación del sistema cuando surgen este tipo de proyectos con  motivo de la implementación de tales políticas.
No se descarta que el mercado de asignación de fondos públicos para actividades como la que ocupa al proyecto de Casas de Justicia termine siendo un espacio de disputas y no sea realmente transparente y accesible a cualquier organización no gubernamental.
Por otro lado es comprensible, aunque no justificable que  bajo el paradigma del neoliberalismo, el Estado delegue en cierta medida funciones básicas. En este sentido pareciera que el Estado no se considera como un actor  que pueda desarrollar adecuadamente políticas públicas en temas básicos como el acceso a la justicia, lo que  implica declinar una de sus funciones fundamentales y permitir la “colonización”  de esos espacios por terceros.
La solución no es descartar el aporte que la sociedad civil pueda hacer, sino captar todos aquellos recursos de la comunidad y lograr una articulación en la que el Estado no sea un simple actor más.
Las acciones para ampliar los márgenes del acceso a la justicia, la promoción del ejercicio de los derechos, la atención en tiempo razonable de las necesidades jurídicas y la razonabilidad en la obtención de una solución para el conflicto debería ser parte de la política de las instituciones más representativas de la comunidad, con la finalidad de bajar los niveles de conflictividad y violencia en las mismas.
Por otro lado, sin perjuicio de las satisfacciones que la actividad del voluntariado pueda tener en lo personal, es objetable  que se le encargue a la sociedad civil que se ocupe de este tipo de problemática íntimamente vinculada con el desarrollo de los demás derechos.
En este sentido la financiación de programas que colaboren con el estado en la implementación de políticas públicas focalizadas en los actores más vulnerables del sistema social, debe ser objeto de  normas y de prácticas serias, que tengan continuidad y que no estén sometidas a vaivenes políticos ni económicos. Esto no necesariamente dignifica que lso implicados sean técnicos ni se apropien del conflicto. Un grado de madurez ciudadana se muestra en al capacidad del propio actor de encontrar una solución pacificaal conflicto.
Respecto del municipio, la continuación del programa será todo un desafío. La lógica de la política o de los políticos no tiene el carácter de la acción racional legal, en términos weberianos. Por el contrario, la personalidad carismática del dirigente y su capacidad de solucionar problemas o de prometer su solución, termina siendo un factor de desaliento al acceso al sistema jurídico y al reclamo de los derechos que corresponden, pero implica en innumerables ocasiones la clientelización del afectado, que termina agradeciendo la “gestión” del político, aceptando cuotas de corrupción y de desigualdad que atomizan y balcanizan la problemática social.

Están anexados los primeros informes de Casa de Justicia General Pico

Mas información del Proyecto:

http://www.cippec.net/espanol/justicia/proyectos.html

http://www.abcny.org/VanceCenter/PDF/strategysummit/programprofiles/Casas_de_Justicia_Esp.pdf

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Construyendo_Confianza_Vol_II.pdf

Supervisor del ProyectoCasa de Justicia General Pico, La PAMPA: Ing. Agr. Leandro M. Altolaguirre

 
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