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Inicio arrow Elecciones arrow Elecciones Primarias: Ley Nº 26.571 Informe Especial
Elecciones Primarias: Ley Nº 26.571 Informe Especial Imprimir E-Mail

Ley Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral

http://dondevotoel2013.blogspot.com.ar/

Artículo 38 de la Constitución Nacional Argentina: Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

El presente informe pretende ofrecer a los ciudadanos una guía sobre la nueva ley de reforma política, la cual fue aprobada en la sesión del último día de un Congreso con mayoría oficialista.

Coordinación: María Inés Franck, Silvina Miceli.
Equipo técnico: Inés Bescós, Manuel Álvarez del Rivero, Juan José Esper, Tomás Ferrario, Mariano Macedo, Nicolás Pinto, Daniela Zabaleta.

Aprovechando los últimos momentos.
Por Silvina Miceli

El 2 de diciembre, un día antes de la renovación del Congreso Nacional, el Senado aprobó la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, la cual había tenido su media sanción la quincena anterior en la Cámara de Diputados. El Congreso de mayorías oficialistas aprobó esta ley enviada por el Perder Ejecutivo Nacional de reforma política, la cual hace importantes modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y al Código Electoral Nacional. La rápida aprobación fue uno de los últimos ejemplos del aprovechamiento al máximo por parte del Poder Ejecutivo de un Congreso favorable a sus decisiones.

En líneas generales, la ley introduce ciertas modificaciones críticas que refuerzan un sistema de partido bipartidista, es decir, un esquema partidario que refuerza a los dos partidos mayoritarios en desventaja de los pequeños partidos. La atomización del sistema de partidos argentino ha sido un claro signo de la crisis de representatividad que sufre nuestro país. Sin embargo, la ley no logra atacar el corazón de esta crisis ni trata temas que han sido criticados desde hace ya varios años, como las listas sábanas o la renovación de la metodología electoral.

Este informe intenta acercar a los ciudadanos una explicación más clara de los puntos críticos de la ley, como así también ofrecer la opinión de un analista político, el cual explica los pormenores dentro del contexto de la crisis de representatividad argentina.


Índice

Aprovechando los últimos momentos
Por Silvina Miceli
Página 3

Introducción al informe y aspectos generales de la ley.

La ley y sus pormenores
Por Inés Bescós, Tomás Ferrario y Silvina Miceli
Página 4

Explicación de los puntos más importantes tratados en la ley

1) Partidos Políticos, afiliados, alianzas y precandidaturas
Por Tomás Ferrario
Página 4

2) Financiamiento
Por Silvina Miceli
Página 6

3) Publicidad electoral
Por Silvina Miceli
Página 8

4) Elección y escrutinio
Por Inés Bescos
Página 8

5) Encuestas y sondeos de opinión
Por Silvina Miceli
Página 9

Entrevista a Hugo Dalbosco: La reforma política dentro del contexto de crisis de representatividad
Por Silvina Miceli
Pagina 10

Hugo Dalbosco, politólogo, comenta la ley desde sus conocimientos en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas.
La ley y sus pormenores
Por Inés Bescós, Tomás Ferrario y Silvina Miceli


Partidos Políticos, afiliados, alianzas y precandidaturas
(Por Tomás Ferrario)

A los partidos políticos se les garantiza el derecho a su propia constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento así como también a obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno o varios distritos electorales. Establece un cupo femenino para elecciones internas de los partidos de acuerdo a la ley 24.012.
Sobre los requisitos para la formación de partidos políticos

1) Partidos de distritos

Consta de 2 etapas:
• Obtención de la personería jurídico-política provisoria que consta de la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón. Serán considerados partidos políticos en formación y no podrán presentar candidatos a elecciones internas ni a nivel nacional.
• Para obtener la personería jurídico-política definitiva es necesaria la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, dentro de los ciento cincuenta (150) días.

Para conservar la personería-jurídica los partidos políticos deberán mantener en forma permanente el numero mínimo de afiliados. En caso de que no cumplan con los requisitos mínimos, el juez competente intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de 90 días.

La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurídico política de los partidos de distrito. NOTA: La Presidente Cristina Fernández de Kirchner el día 14 de diciembre de 2009 vetó los artículos 107 y 108 de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral conocida como Reforma Política. Estos artículos le daban un tiempo razonable a los partidos más pequeños-hasta el 31 de diciembre de 2011- paraqué pudieran conseguir adherentes y afiliados. Obviamente este veto los perjudica ya que no les da tiempo para constituirse y lograr una mayor cantidad de afiliados y así no perder su personaría jurídico política.

2) Partidos Nacionales

Podrán solicitar su reconocimiento como partidos nacionales aquellos partidos de distrito que se encuentren en 5 o más distritos con el mismo nombre y carta orgánica. Para conservar la personería jurídico-política, los partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico-política vigente
Sobre las alianzas
Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos. En el caso de las alianzas nacionales deben requerir su reconocimiento hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria.
Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confederación.
Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederaciones de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en forma permanente, debiendo presentar la solicitud de reconocimiento al juez federal competente (60) días antes de las elecciones generales.
También regula la fusión de los partidos políticos por la cual se debe demostrar que se tiene el mínimo establecido del cuatro por mil (4‰) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito respectivo.
Sobre los afiliados los partidos políticos pueden rechazar la solicitud presentada de afiliación, pero debe ser fundada y el solicitante puede recurrir al juez federal competente. Si no se pronuncia dentro de los 15 días automáticamente queda aceptada.
La afiliación se extingue por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez federal con competencia electoral.
No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior.
Los ciudadanos que quieran desafiliarse deberán mandar un telegrama gratuito o personalmente a la secretaria electoral del distrito correspondiente. También se afirma que el registro de afiliados será publico.
Sobre las Candidaturas y elecciones partidarias internas La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente. Para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos.

No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar;
f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

La caducidad dará lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personalidad política. Son causa de caducidad de la personalidad jurídico-política delos partidos:

a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años;
b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas;
c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda;
d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, inciso e) y 37, previa intimación judicial;
e) No mantener la afiliación mínima prevista.
f) No estar integrado un partido nacional por al menos cinco (5) partidos de distrito con personería vigente;
g) La violación a lo dispuesto en los incisos f) y g) mencionados anteriormente.
h) La extinción de los partidos se aprobó sin modificaciones.

La extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolución.

Financiamiento
(Por Silvina Miceli)

La presente ley modifica varios de los artículos de la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. Respecto a los artículos referentes a los responsables solidarios con el tesorero, las agrupaciones políticas y alianzas electorales deben designar dos responsables económicos financieros antes del inicio de la campaña. Anteriormente, se designaba un responsable económica-financiero y otro responsable político de campaña. Esta última figura desaparece en la nueva ley.
Se modifica el artículo referente al fondo fijo de los partidos políticos. Los fondos fijos se constituyen a partir de las erogaciones que sólo pueden realizarse en efectivo. Antes se ponía un límite máximo al fondo fijo de $5000. Actualmente no se hacen referencias a límites aplicables a este fondo.
Ciertos gastos efectuados durante las campañas electorales deben documentarse a través de una “constancia de operación para campaña electoral”. Estos gastos anteriormente se referían a los que superaban los $1000. Actualmente, se cambió la unidad monetaria de pesos por la de “módulos electorales”. El módulo electoral es la unidad monetaria cuyo valor determina el Ministerio del Interior y se usa para el establecimiento de límites de gatos que se autorizan. Este valor es determinado inmediatamente después del acto de convocatoria a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Se modifican los destinos de las partidas presupuestarias de la Administración Nacional en concepto de aportes extraordinarios para las campañas electorales. Se establecen tres partidas: una dirigida para la elección de presidente (primera y segunda vuelta contempladas), una para la elección de diputados nacionales, y se agrega una tercera para la elección de senadores. Asimismo, se prevén estas partidas de manera análoga para elecciones primarias, equivalente a la mitad de la que se prevé para las campañas de elecciones generales.
Respecto a la emisión de boletas se aumenta el máximo permitido para impresión. Aquellas agrupaciones políticas que hayan oficializado sus candidaturas podrán imprimir el equivalente a una boleta y media por elector registrado en cada distrito. Anteriormente se permitía la impresión del equivalente a una sola boleta por elector registrado.
En relación a los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, cambia la distribución hecha entre las agrupaciones políticas que oficializaran sus candidaturas. Se divide en elecciones presidenciales, de diputados y de senadores. Respecto a las presidenciales, 50% del monto que asigna el presupuesto se distribuye en forma igualitaria entre las listas presentadas. El otro 50% entre los 24 distritos, en proporción a los electores de cada uno de ellos, y, hecha esta distribución, se distribuye dentro de cada distrito entre las agrupaciones políticas en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido haya obtenido en la elección general anterior de la misma categoría. En caso de alianzas o confederaciones, se suman los votos obtenidos en la elección general anterior. En las elecciones para diputados, los aportes se distribuyen entre los 24 distritos según la cantidad de electores que tengan. Dentro de cada distrito, el monto se distribuye 50% de manera igualitaria para las listas presentadas, y 50% se distribuye de manera proporcional según la cantidad de votos que cada agrupación política haya obtenido en la elección general anterior. Lo mismo que en diputados rige para la elección de senadores, con la diferencia que la distribución inicial entre distritos se divide entre ocho.

Se permite el financiamiento privado, que constituye las contribuciones que hagan personas físicas a una agrupación para sufragar los gastos electorales. Se debe constatar en el informe final de campaña quiénes fueron aquellas personas físicas que aportaron con contribuciones y donaciones, y quedan prohibidos los aportes hechos por personas de existencia ideal (por ejemplo, fundaciones o empresas).

Se establece que el remanente del aporte de boletas debe ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de los 90 días desde el acto electoral. De lo contrario, la Dirección Nacional Electoral compensa la deuda restando el monto de los aportes públicos que le corresponderían.
Asimismo, la suma total máxima de gastos permitidos para la campaña electoral equivale actualmente al resultado de multiplicar el número de electores habilitados en un distrito electoral por un módulo electoral. Antes, esta suma se obtenía a partir de la multiplicación de la cantidad de electores por $1,50. Se sigue considerando que un distrito tiene un mínimo de 500.000 electores.

Al terminar una elección, cada agrupación política (específicamente, el tesorero y los dos responsables económicos-financieros) debe presentar un informe ante la justicia federal con competencia electoral de cada distrito, que contenga los siguientes datos:
• aportes públicos y privados recibidos,
• naturales de dichos aportes,
• origen,
• nombre y documento de donantes,
• destino y monto,
• gastos de campaña electoral (según rubros),
• los comprobantes correspondientes a cada gasto,
• fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña si se refiere a alianzas.
Estas son algunas de las principales modificaciones hechas a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

Publicidad electoral
(Por Silvina Miceli)

La nueva ley se explaya ampliamente en la reglamentación respecto a la publicidad electoral. Para empezar, se establece que la Dirección Nacional Electoral es el ente exclusivo encargado de distribuir los espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión sonoras y televisiva abierta o por suscripción. Ninguna agrupación política ni candidatos oficializados pueden contratar o adquirir por sí mismos o a través de terceros espacios para su publicidad. Por otro lado, ningún medio de comunicación puede emitir por sí mismo publicidad electoral que no haya sido previamente distribuida y autorizada por el ente público.
Se agrega todo un capítulo sobre el tema a partir del artículo 43 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. En el mismo se recuerda que, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (nueva Ley de Radiodifusión recientemente promulgada), estos servicios están obligados a ceder el 10%del tiempo total de su programación para fines electorales. La distribución de ese 10% se hará en un 50% de manera igualitaria entre todas las agrupaciones políticas con precandidaturas oficializadas, y el 50% restante entre esas mismas agrupaciones políticas, pero de manera proporcional a la cantidad de votos que hayan obtenido en la última elección general para la categoría de diputados nacionales. El espacio publicitario no puede ser transferido de una agrupación política a otra en caso de que no se lo use.
Respecto a la distribución de horarios (entre las 7.00 y 1.00 hs.) y los medios, la misma se realiza por sorteo público, para garantizar un reparto equitativo. Además, se prevé la rotación de horarios y la publicidad electoral a una determinada agrupación al menos dos veces por semana en horario central. Todos estos gastos en publicidad son sufragados con recursos propios. Por último, cabe destacar que se obliga a la subtitulación de los mensajes transmitidos por televisión.

Elección y escrutinio
(Por Inés Bescos)

El 2 de diciembre del corriente mes, una nueva ley ha sido sancionada para aquellos partidos políticos que quieran jugar tanto en su distrito como a nivel nacional. La reforma política ha traído consigo un sinfín de críticas así como también el principio de lo que algunos denominan “orden en las elecciones primarias y generales.” Esta reforma será un anexo del actual Código Electoral Nacional.
Cambios de artículos En esta nueva reforma política, el partido kirchnerista ha dictado una serie de modificaciones en la LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS (Ley 23298), la LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS (Ley 26215) y el CODIGO NACIONAL ELECTORAL (Ley 19945).
Principalmente, las modificaciones e incorporaciones se dan en puntos clave: LOS PARTIDOS POLÍTICOS y la nueva FINANCIACIÓN de estos. Y, si bien la nueva ley impone modificaciones a muchas partes del Código Nacional Electoral para su “modernización”, la centralización del cambio se debe a un fin que tendrá como objeto destruir los pequeños partidos políticos. En otras palabras, su mayor cambio se da en el mínimo requerido para conformar una agrupación legítima. De no llegar a aquella base, tal agrupación podrá hacer alianzas para aumentar su número de afiliados, o para proponer sus ideas en una agrupación mayor, con carácter de legitimidad; pero si no logra ningún tipo de aumento en su agrupación política, la plata con la cual financiaba su partido, no se le será concedida por el Estado, debido a lo estipulado en la presente ley, aunque no expresamente escrito.
Elección y escrutinio
La nueva ley explica las nuevas disposiciones respecto de este tema entre los artículos 39 y 43.
El capítulo VI del título II de la nueva ley, no muestra un cambio radical en las bases de las elecciones y escrutinio, sino que simplemente “ordena” las ideas puestas en el Código Nacional Electoral.
Sin embargo, incorpora algunos puntos a tener en cuenta, como el Artículo 39: “Los lugares de ubicación de las mesas de votación y las autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año, salvo modificaciones imprescindibles. La Cámara Nacional Electoral elaborará dos (2) modelos uniformes de actas de escrutinio, para las categorías presidente y vicepresidente, el primero y diputados y senadores el segundo, en base a los cuales los juzgados federales con competencia electoral confeccionarán las actas a utilizar en las elecciones primarias de sus respectivos distritos. En ellos deberán distinguirse sectores con el color asignado a cada agrupación política, subdivididos a su vez de acuerdo a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados por lista y por agrupación para cada categoría. Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la compensación en concepto de viático por su desempeño, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes del Código Electoral Nacional.”

Podríamos concluir, entonces, que en este capítulo el oficialismo no ha hecho más que ordenar los artículos respecto del Código Nacional Electoral en otros artículos para conseguir mayor simplicidad y entendimiento.

Encuestas y sondeos de opinión
 (Por Silvina Miceli)

Uno de los puntos más críticos tratados en el recinto del Congreso fue aquél que se dedicaba a reglamentar la actividad de las encuestas y los sondeos de opinión.
La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, cuya inscripción es obligatoria para todas las empresas que desempeñen dicha actividad. El Registro se abre 30 días antes de la fecha de oficialización de las listas y la inscripción es renovable en cada elección.
Estas empresas deben rendir cuenta de todos los detalles de su labor (desde gastos hasta metodologías usadas) ante el registro de su distrito. Este informe es público y debe figurar para consulta abierta en el sitio web oficial.
Ocho días antes de la elección general queda prohibida la difusión de resultados o pronósticos obtenidos a partir de encuestas o sondeos de opinión De no cumplir la empresa con esta reglamentación en dos oportunidades consecutivas, se las sancionará con la prohibición de inscripción en el Registro por dos, tres o cuatro elecciones.

Entrevista a Hugo Dalbosco: La reforma política dentro del contexto de crisis de representatividad
Por Silvina Miceli

Hugo Dalbosco es politólogo, profesor de Derecho Constitucional y Gobierno y Administración de la República Argentina en el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

¿Cuáles fueron los objetivos del Poder Ejecutivo al hacer modificaciones respecto a la cantidad mínima de afiliados que todos los partidos políticos deben mantener?

HD: La ley es una reforma parcial que tiene un objetivo político bastante claro: tratar de reconstruir y reforzar un sistema bipartidista. El partido justicialista kirchnerista hipotéticamente se quedaría con toda la estructura del partido justicialista, y la oposición se armaría en torno al partido radical. Ese es el cálculo. ¿Por qué digo esto? Porque si buscaras una reforma política integral, se tendría que haber empezado por plantearla en un contexto de crisis de representación. Y acá las reformas que se hacen tienden a reforzar un esquema que está afectado por la crisis de representación. Es decir, se tiende a emparchar esta cuestión dejando el tema de la crisis de representación entre paréntesis. Desde ese punto de vista, lo que ha pasado en los últimos nueve o diez años es que los partidos, sobre todo los partidos grandes, se dividen, se separan. Tenés justicialistas y radicales que están en el PRO, en el ARI, y aquello que genéricamente se llama justicialismo disidente, además de algunas agrupaciones neoradicales. Y tenés migraciones permanentes de las distintas facciones, tanto en el justicialismo como en el radicalismo. Tomá por ejemplo las candidaturas del 2003: había cinco candidaturas principales, tres eran desprendimientos del justicialismo y dos eran desprendimientos del radicalismo. Con lo cual, ¿qué pasa con los afiliados, con la gente que internamente sigue a unos candidatos o a otros? Como las migraciones están permitidas o consentidas por el sistema, yo un día estoy del lado kirchnerista, y mañana estoy tras una alianza, y mañana estoy del lado del PRO sin dejar de ser justicialista. Desde ese punto de vista, si yo pertenezco a un lado como afiliado, tengo que seguir la suerte del lado al que pertenezco, o tengo que renunciar a ese lugar y afiliarme a otro, lo cual es un procedimiento que no está formalizado. En ese sentido, una parte de la reforma tiende a ordenar el sistema, pero para beneficiarse con ese reordenamiento. Y eso queda claro con el veto que limita los tiempos para que los partidos que están en formación tengan menos margen para ordenarse. Es una ventaja para los partidos que ya están formados, que no importa que pierdan afiliados porque tienen de sobra y cuentan con una estructura montada. Los otros no tienen estructura consolidada, no están seguros del número de afiliados que tienen, y no tienen tiempo suficiente para armarse, o tienen que aprovechar el tiempo lo máximo posible, lo cual puede llegar a crear muchos conflictos internos, porque son agrupaciones que no están conformadas en torno tanto a una doctrina clara, diferenciada y discutida, sino que comparten ciertas intuiciones por parte de algunos dirigentes, aprovechan una imagen personal o hacen cálculos comparativos. Pero hay rivalidades internas. Estas agrupaciones en formación tienen más dificultades. Tampoco se puede decir que las agrupaciones que están en formación resuelvan la crisis de representatividad. No la resuelven, son una manifestación de esa crisis.

¿Y cuál es el objetivo de establecer elecciones primarias, obligatorias y simultáneas?

HD: Por un lado, es el mismo objetivo de ordenamiento, porque hacía tiempo que no había elecciones primarias en los partidos. Nunca las hubo en forma regular, no llegó a ser un hábito político de la democracia que hubiera elecciones primarias en los partidos. Además, muchas veces esas elecciones eran con listas únicas y con muy baja participación de afiliados. Que sean obligatorias parece que tiene la intencionalidad de preorientar al electorado hacia una determinada fórmula, las tendencias mayoritarias van a quedar explicitadas y va a ser muy difícil para los candidatos consagrados buscar alternativas o fórmulas para mejorar su desempeño, porque ya la tendencia del electorado va a quedar marcada de una forma muy rotunda, o por lo menos de una forma muy explícita, si sucede que el electorado se manifiesta en las primarias de forma más dispersa. Pienso que también tiende a reforzar el bipartidismo y, sobretodo, las intenciones del oficialismo, que tiene una estructura montada en todo el país.

¿Qué piensa de la nueva reglamentación establecida para las encuestas y sondeos de opinión?

HD: Está dentro de la experiencia de los últimos años. En otros países, como Estados Unidos o Europa, las empresas que hacen sondeos y encuestas no son sospechadas de parcialidad. Acá han llegado de ser sospechadas de mucha parcialidad, sobretodo en los últimos años. Hubo algunas elecciones en las cuales fue bastante escandaloso, como el tema de la boca de urna a las dos de la tarde difundida por todas las radios para establecer una tendencia. O, por ejemplo, en la elección de Cristina Kirchner, cuando se la había proclamado ganadora antes de cerrar los comicios. Los comicios debían cerrar a las seis de la tarde, pero hubo postergaciones hasta las siete y media y ocho en la Provincia de Buenos Aires; todavía se estaba votando y ya se festejaba su triunfo. Por lo tanto, creo que esta es una de las cosas que más debe haber negociado la oposición. Creo que desde el punto de vista de lo que es la higiene política, es contraproducente, porque las empresas que hacen sondeos y que dan a conocer sus estadísticas y tendencias pueden contribuir mucho al debate electoral, a que la gente tome decisiones más elaboradas. Y suspenderlas ocho días antes empobrece esa deliberación.
Me parece que es una circunstancia de momento. En un par de elecciones debería volverse a una cosa más razonable. Es cierto que hubo muchos abusos. Al principio de la democracia hasta los 90, había pocas empresas y eran todas ellas más o menos serias. Algunas estaban más identificadas con el oficialismo, otras con la oposición, pero en la última semana los números que salían eran más o menos los números que después se constataban, porque el negocio de las empresas seguía después de las elecciones y haber hecho un trabajo serio era una buena estrategia de marketing. Me parece que es una medida de higiene transitoria, pero que en el mediano y largo plazo no está tan justificada. La difusión de tendencias bien manejada, seriamente, con ética política por parte de las empresas, con responsabilidad empresaria, contribuye a tomar decisiones más elaboradas, que pueden ser más acertadas o desacertadas, pero lo importante es que sean elaboradas. El abuso, el mal uso de la herramienta, lleva a una decisión demasiado drástica.

¿Cuál es su opinión respecto a las nuevas reglas sobre financiamiento de partidos políticos?

HD: El tema financiamiento creo que insiste demasiado en algo que no va a ser rigurosamente cumplido por las agrupaciones partidarias. Tomando la experiencia previa, resulta que lo que estaba vigente no se cumplió. Los partidos gastaron más, no dieron los informes a tiempo y no fueron claros respecto de algunos de los aportantes. La elección se resuelve, la justicia electoral sigue investigando y, finalmente, si llega a alguna conclusión, lo hace tanto tiempo después que ya no es importante. Puede llegar a una conclusión negativa tanto tiempo después que, por ejemplo, la coalición electoral ya se haya desarmado. Entonces queda como un dato. Las investigaciones judiciales no son sencillas. Me parece que hay un montón de requisitos que se establecen que no van a cumplirse con precisión estricta.

¿Cuáles son los puntos que más le critica a la ley?

HD: Lo que más le critico a la ley es que no es una verdadera reforma política. Una reforma política integral empieza por plantearse el tema de la crisis de representatividad, busca alternativas que permitan acercar a los representantes con los representados y finaliza en la modernización de todo el sistema electoral. Y ninguna de estas tres cosas está clara en la ley. No se plantea que haya una crisis de representatividad, se sostiene que los partidos políticos son las instituciones fundamentales del sistema democrático. Pero ésa es prácticamente la única afirmación respecto de la crisis de representatividad, y el deseo de sanearla, propendiendo subrepticiamente al bipartidismo que, en sí mismo, no es bueno ni malo.
Segundo, la distancia entre los representantes y los representados no parece sanearse si se le sigue dando a las cúpulas dirigenciales de los partidos el monopolio de la conformación de las listas de candidatos. ¿Cómo vas a resolver la crisis de representatividad si los dirigentes emergentes de ella son quienes, en definitiva, ponen y sacan gente de la lista? No es que tenga preferencia por el sistema de circunscripción uninominal, pero habría que hacer una especie de tratamiento de shock para hacer la representación más genuina. Muchos diputados y senadores que la gente resiste –o desconoce, que, a los efectos prácticos, es lo mismo- reaparecen continuamente en las listas porque entran camuflados en el aluvión de votos que saca el partido.
Entonces, me parece que desde ese punto de vista la reforma no ataca el corazón del problema, que es la crisis de representatividad. Trata de reforzar un bipartidismo que es contradictorio con la experiencia del kirchnerismo, que llegó al poder en 2003 justamente por la pulverización del bipartidismo.
Respecto a la tercera cuestión, sigue vigente un modelo electoral arcaico. En el 2007, cuando se hizo la elección de Cristina, tuve la posibilidad de participar en un workshop con veedores electorales de toda Latinoamérica y de España. Y lo que me quedó claro es que tenemos el sistema electoral más retrasado del subcontinente. Nos manejamos todavía, con muy pocas modificaciones, con el esquema de votación de la Ley Sáenz Peña. Tenemos que ir a votar a una escuela, a una mesa fija, con un sistema de inscripción prácticamente manual, cuando países como la República Dominicana tienen voto electrónico hace varios años. El tema de la modernización electoral no radica solamente en el establecimiento del voto electrónico sino que empieza por el sistema de identidad de las personas. Nosotros acá tenemos un sistema de identidad, incluso con el DNI nuevo, muy fácilmente falsificable. Además, tenemos el problema de ubicación. La persona cambia de domicilio, lo cual supone un cambio en el padrón y por lo tanto un cambio en el lugar de votación, que puede suceder dos o tres elecciones después. Pero ¿por qué hay que votar en un lugar fijo si los electores están cargados en un sistema único? Sería como ir necesariamente a un único cajero automático, habiendo una red.

¿Por qué hay que hacerlo con una boleta impresa para cada agrupación y no con una boleta única?

Esto no está previsto ni lo estará hasta dentro de muchos años. Porque con una reforma integral, todo el punterismo colapsa. Y hacer colapsar el punterismo es pulverizar una fuente vital de poder. La ley puede haber sido discutida en forma legítima pero tiene una intencionalidad política subterránea bastante evidente. Cuando las intenciones implícitas son más evidentes que las explícitas, estamos ante un instrumento pensado para un objetivo inmediato y subalterno. Por eso, es una ley de segundo orden, incompleta e insuficiente, aunque pueda contener aciertos parciales y mejorar algunas prácticas. El apuro por discutir la reforma se basó en la necesidad de hacer rendir al máximo la mayoría kirchnerista y bloquear cualquier ulterior revisión profunda mediante el veto presidencial, como ha quedado demostrado. La propuesta básica –volver al bipartidismo- también le convenía al partido más importante de la oposición. Por eso salió con menos dificultades que las previsibles.


AGENDA LEGISLATIVA “De cara a los grandes temas del país”

A partir del monitoreo y análisis de proyectos de ley, el Centro Cultural de la UCA pone a disposición de la sociedad una serie de servicios sobre labor legislativa:

- Relevamiento y bases de datos de los proyectos de ley actualmente vigentes
- Análisis cualitativo de los principales temas
- Asesoramiento técnico para proyectos legislativos
- Gacetillas a los medios de comunicación
- Newsletter periódico
- Publicación trimestral con novedades parlamentarias
- Página web

El equipo de Agenda Legislativa está integrado por alumnos de la carrera de abogacía, que trabajan estrechamente con docentes de Derecho y de Ciencias Políticas. El análisis y debate delos proyectos de ley permite a los participantes profundizar en el conocimiento de la realidad sociopolítica y el ejercicio de su sentido crítico, y lo capacitan para una activa participación ciudadana. El acceso a la información que posibilitan los actuales medios de comunicación, y el tratamiento académico que brinda la Universidad a este proyecto, suman un valor agregado que lo convierte en un instrumento privilegiado para la formación de ciudadanos comprometidos.

 
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